Basta de apartheid sanitario #SanidadDDHH

Moción del grupo Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea en el Senado para hacer que se cumpla el Artículo 208 del Reglamento Penitenciario:

“A todos los internos sin excepción se les garantizará una atención médico-sanitaria equivalente a la dispensada al conjunto de la población. Tendrán igualmente derecho a la prestación farmacéutica y a las prestaciones complementarias básicas que se deriven de esta atención”.

61.073 personas presas en julio 2016: más de 60.000 personas

Tasa VIH: en el mundo occidental entre el 1,5 y el 3%; en las cárceles españolas, el 25%

Enfermedades mentales:

        -8 de cada 10 personas ha sufrido alguna vez un trastorno mental

        -Un 40% de las personas presas lo padece en la actualidad

        -Un 8% de estas personas está aquejada de una enfermedad mental grave

Historias clínicas: las personas presas ni siquiera se encuentran incluidas en las bases de datos del Sistema de Salud

Los profesionales sanitarios que trabajan en prisiones dependen del Ministerio del Interior, permaneciendo aislados del sistema de salud y se ven limitados en su desempeño profesional por criterios de seguridad.

No se cumple el reglamento penitenciario y los especialistas (de enfermedades comunes) no pasan consulta en las cárceles. Se priva a los internos del acceso a odontólogos, psiquiatras y ginecólogos.

La falta de personal policial para los traslados hace que se pierdan numerosas citas médicas. Un 18,92% según un estudio realizado por el Defensor del Pueblo Andaluz en la prisión de Jaén

Falta de personal médico en las cárceles: hay un funcionario de prisiones por cada interno y un solo médico por cada 162 reclusos que, en su mayoría, tienen algún tipo de enfermedad.

El 30 de mayo de 2003 entra en vigor la Ley 16/2003 que implicaba que para el 30 de noviembre de 2004 el sistema médico penitenciario debería haberse integrado en el Sistema Nacional de Salud. Eso, sin embargo, no ha sucedido: INCUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD.